El consejero Saura y la ministra Salgado han pactaron ayer en Barcelona aumentar en 800 millones de euros -más del 20%- la inversión pública presupuestada para este año. El Gobierno justifico este incremento por el "déficit acumulado" por Cataluña, a la que el Estatuto fija un porcentaje mínimo de inversión respecto al PIB. El razonamiento es perverso porque supone admitir que Cataluña como comunidad tiene más derechos que el resto para gozar de ese mínimo que nadie tiene garantizado y poder solidario de forma retroactiva y acumulativa. En contraposición al trato a Cataluña, el Gobierno ha congelado en 2008 y 2009 la inversión pública en Madrid. Pero además resulta muy difícil de explicar que Zapatero -que se comprometió la semana pasada a recortar gasto corriente del estado- acepte ahora un incremento de la inversión en Cataluña en un contexto de crisis generalizada y caída de ingresos. También constituye una burla al Parlamento que dos altos funcionarios dejen en papel mojado lo que ha decidido el órgano donde reside la soberanía nacional.
-El Mundo-
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